02/02/11.- María Ríos expresa que no tener una vivienda propia es “inquietante”, porque la relación con el propietario del apartamento donde vive alquilada desde hace siete años en la parroquia Altagracia “no es la mejor”.
Señala la mujer de 52 años, que “se siente en el aire” porque permanece en un inmueble que nunca pudo comprar, ya que las condiciones que impuso el dueño para la venta eran inaccesibles. La ausencia de un marco legal que favorezca a los inquilinos alimenta su zozobra, asegura María Ríos al contar que teme un desalojo.
“Debe activarse una ley hecha por inquilinos, porque la que existe nació de los grandes propietarios”, dijo tras manifestar que el edificio donde vive se construyó en 1953, por lo cual debería estar bajo regulación “lo que nunca ha sucedido”.
“Me aumentaron el alquiler y hace años me dijeron que querían vender el apartamento”, dijo la mujer que vive sólo con su hija adolescente.
El proyecto de Ley de Arrendamiento Inmobiliario que será llevado a la Asamblea Nacional el 27 de febrero, “consagra la vivienda como un derecho humano plasmado en la Constitución”, sostuvo Rigel Sergent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos. Menciona el vocero que en el Artículo 7 de la actual normativa, publicada en abril de 1999, “no se resguarda la garantía que tiene la familia de estar bajo un techo digno”.
De acuerdo al Artículo 4 de la ley de inquilinato, las casas construidas después del 2 de enero de 1987 no están bajo regulación, “lo cual debe ser eliminado”, dijo Sergent.
El dirigente social precisa que la nueva ley “será dura con los grandes latifundistas urbanos” y tendrá otros procedimientos para aquellos que tengan una sola vivienda en alquiler.
El Artículo 42 de la norma vigente reseña que la preferencia ofertiva la tienen los inquilinos que llevan más de dos años en un inmueble si su dueño decide venderlo. Ante esto, Rigel Sergent destaca que “esto no puede ser porque si una familia tiene un mes alquilada debería también optar por la casa”.
Insiste Sergent en que los desalojos deben humanizarse. Acota que actualmente estos procesos y los conflictos entre familias y arrendatarios deben resolverse en tribunales, por lo que plantean crear otras instancias para tratar estos litigios.
Sergent precisa que está previsto crear un mecanismo para fijar los justiprecios de los alquileres “para evitar la especulación”. Por otra parte, promoverán el surgimiento de créditos colectivos que permitan a familias comprar viviendas en conjunto”.
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Consulta nacional
El vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, Rigel Sergent, destacó que el Proyecto de Ley de Arrendamiento Inmobiliario será sometido a consulta en todo el territorio nacional a partir del próximo miércoles para “nutrirlo con el saber popular”.
En las plazas Bolívar del país se instalarán puntos de debate y recolección de propuestas para “generar un documento que acabe con la estructura que permite negociar con el alquiler”, dijo el vocero.
Sergent agregó que están “articulados con el PSUV y el Movimiento de Pobladores para promulgar las propuestas y sistematizar los saberes que salgan del debate”.
Destacó que luego de esta discusión se iniciará la recolección de firmas para que la ley ingrese al Parlamento como iniciativa legislativa popular.
Para eso necesitan 17 mil 788 firmas, lo que equivale a 0,1 % de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, según lo establecido en el Artículo 204 de la Constitución.
Jorge Nieto García/Ciudad CCS
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